• Los funcionarios involucrados en las autorizaciones que se habían dado a la desarrolladora Hansa Baja Investments deben ser sancionados: Greenpeace

México DF.- Greenpeace cuenta ya con el resolutivo final de nulidad de la autorización en materia de impacto ambiental del proyecto Cabo Cortés solicitado a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaria de Medio Ambiente de Recursos Naturales (Semarnat) el pasado 27 de junio, con lo que queda legal y debidamente cancelado este megacomplejo turístico que pretendía construirse en las inmediaciones de Cabo Pulmo.

Mediante el oficio S.G.P.A./DGIRA/DG/4832 fechado el 25 de junio (1), el titular de la DGIRA, Alfonso Flores Ramírez, informó a la empresa promovente de Cabo Cortés, Hansa Baja Investments que: …“ante la ausencia de elementos que permitan cumplir con su propósito de proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el ambiente, debe negarse la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental… Por lo antes expuesto, fundado y motivado, esta Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, RESUELVE: PRIMERO,  Negar a la empresa denominada HANSA BAJA INVESTMENTS, S. DE R. L. DE C.V., la autorización en materia de evaluación de impacto ambiental para la ejecución ambiental del proyecto “CABO CORTES”, …

“Era indispensable tener pruebas legales, por escrito, del anuncio hecho por Felipe Calderón. Por eso nosotros recalcamos que papelito habla y lo exigimos», dijo Alejandro Olivera, coordinador de la campaña de océanos y costas de Greenpeace. «Que quede claro: esta cancelación no es un regalo, una concesión ni un favor de Calderón. La Semarnat ya no pudo sostener más este proyecto ilegal e inviable ambientalmente, frente a la presión política y social que ejercieron los más de 221 mil votos recolectados por Greenpeace, de igual número de ciudadanos”, abundó el también coordinador de la campaña «Salvemos Cabo Pulmo».

Por casi dos años Greenpeace expuso las ilegalidades de los permisos otorgados por Semarnat, el contubernio de funcionarios, y los impactos al arrecife de Cabo Pulmo que provocaría la edificación de Cabo Cortés en una zona semidesértica de Baja California Sur.  Además, hizo pública la preocupación de académicos y otras organizaciones que ya alertaban sobre los riesgos que implicaría crear un desarrollo turístico de proporciones similares a la capacidad hotelera de Cancún.

Greenpeace seguirá adelante con los procesos administrativos pendientes contra los funcionarios que aprobaron y sostuvieron este proyecto de turismo depredador: Alfonso Flores Ramírez, Enrique González y Mauricio Limón Aguirre.  «Exigimos rendición de cuentas, justicia y sentar un claro precedente para que nuevos proyectos de estas características depredadoras no se vuelvan a otorgar en México”, finalizó Olivera.

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