San José del Cabo (California).- La síndica con licencia en Los Cabos, Alondra Torres García, ha pasado de ser una profesionista promedio, a modificar notablemente sus hábitos de vida hasta transformarse en una nueva rica, con un patrimonio que no para de crecer justamente después de que fue acusada de un quebranto de mil millones de pesos al gobierno municipal.

Y es que su futuro cambió definitivamente luego de que se aprobó la enajenación de un predio de alto valor turístico propiedad del ayuntamiento de Los Cabos, a la empresa «San José Pacífica de Real Estate», que fue valuado en 56 millones de pesos, cuando su valor real es de 999 millones de pesos, de acuerdo al estudio que hizo el regidor Linze Rodríguez, por lo que considera que existe un quebranto a las finanzas municipales.

Se trató de una permuta mediante la cual el ayuntamiento entregó esos predios a la desarrolladora turística que le dio a cambio un terreno cerca de un cerro y 16 millones de pesos, donde nuevamente hay ganancias para los particulares y pérdidas para el pueblo de Los Cabos.

Por esa razón, ante el claro ejercicio abusivo de funciones, el regidor Linze Rodríguez denunció penalmente a la síndica municipal Alondra Torres García el anterior 12 de marzo del presente año, misma que fue registrada en el expediente SJC/760/2024/NUC, para el deslinde de responsabilidades en este quebranto.

En su defensa, la funcionaria aludida expone que ella no fue la única que votó esa enajenación, sino que fueron todos los regidores, además de negar que tenga más denuncias penales. De hecho, dice, que de ninguna le han notificado, por lo que se reserva su derecho de demandar a quienes la han acusado, por violencia de género.

Lo único cierto en todo este asunto, es que el patrimonio de la familia de Alondra Torres, hoy candidata del Partido del Trabajo a diputada por el primer distrito en San José del Cabo, ha aumentado considerablemente, como es la mega construcción que realiza a espaldas de la clínica 39 del Seguro Social, a nombre de Erika Razo.

Se trata de la transformación de lo que fue una casa de interés social, en un gran edificio que abarca la mitad de una cuadra, en la conocida como zona residencial de los polígonos de «Monte Real».

Alondra Torres García de llegar al congreso, tendría impunidad en automático por tres años, por lo que cualquier denuncia penal, como la que ya tiene en su contra, se congelaría.